Acciones contra el robo de gasolina: más caro el remedio que la enfermedad

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El 27 de diciembre pasado el Gobierno Federal anunció acciones para combatir el robo de gasolina ya que en el periodo 2016-2018 generó pérdidas por más de 147 mil millones de pesos (que lo coloca como la 2ª actividad ilegal más rentable en México solo detrás del tráfico de drogas). Las acciones comprenden el cierre de las válvulas de algunos ductos cuando se detecte baja de presión por robo, resguardo de instalaciones y distribución por pipas.



El robo de gasolina es un fenómeno muy complejo ya que implica la participación de al menos ocho actores: organizaciones del crimen organizado; bandas especializadas en extracción; bandas criminales; comunidades enteras; gasolineros; empleados y exempleados de Pemex y autoridades de seguridad pública. Cada uno de estos actores funcionan como eslabones en una cadena de extracción, distribución, apoyo comunitario, comercialización, corrupción y, en algunos casos, coerción.


El negocio ilícito no está solo en la extracción y venta de gasolina robada desde los ductos, sino también en la distribución de esta mercancía ilegal en gasolineras que hacen sub-reportes a Pemex de la cantidad de gasolina que requieren ya que su demanda real la cubren con gasolina robada. Así, desde el proceso de extracción hasta su venta final, requiere complicidad y corrupción de autoridades de PEMEX, pero también la omisión de autoridades de todos los niveles.


Poco más de dos semanas han pasado desde que se comenzó el cierre del ducto Minatitlán-México, de acuerdo con lo informado por el Presidente de la República se han ahorrado más de $2,500 millones de pesos equivalentes a más de 8,540 pipas. También se detuvieron a cinco empleados de Pemex.


Las cifras anteriores parecen relevantes, pero si las comparamos con los costos y externalidades negativas que se están generando, la medida toma una perspectiva distinta. En cuanto a los costos, en dos semanas se ha generado desabasto de combustible para Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Estado de México, lo que ha generado perdidas importantes.


En Jalisco, la Asociación de Empresarios Gasolineros reporta pérdidas por $3,000 millones de pesos; en el Valle de México las perdidas de acuerdo con organizaciones empresariales se estiman en $1,500 millones de pesos. La Coparmex, estima pérdidas de $1,250 millones de pesos en Jalisco, Guanajuato y Estado de México. Es decir, $5,750 millones de pesos en pérdidas tan solo en el sector empresarial.


A lo anterior hay que sumar los costos de distribución de gasolinas en pipas que son 14 veces más altos que la distribución mediante ductos. Tradicionalmente, Pemex o más bien el Sindicato de esa empresa, realiza la distribución de 10-15% de gasolinas con 1,400 pipas (el resto se hace por ductos). Para aumentar la capacidad de distribución se rentaron 3,400 más a un costo de $7,000 millones de pesos. Si a las pérdidas reportadas por los empresarios le sumamos los costos adicionales de distribución, los costos y pérdidas totales en dos semanas ascienden a $12,750 millones de pesos, esto es, más de 5 veces los beneficios reportados. Es decir, está saliendo más caro el remedio que la enfermedad.


Gráfica

A los costos anteriores, sería necesario añadir otros difíciles de cuantificar como:


  • El despliegue de 4,000 miembros del Ejército, Marina y Policía Federal y que, por cierto, experiencias como la de Ciudad Juárez ensañaron que no son sostenibles en el tiempo.
  • Incremento de ausentismo laboral y profesional. En algunos casos ha alcanzado el 45%
  • Alteraciones en cadenas productivas, de distribución y de provisión de servicios.
  • Horas hombre perdidas en búsqueda de gasolina.
  • Tráfico, caos, riñas y desesperación de los ciudadanos en las gasolineras y su entorno.
  • Retraso y problemas en provisión de servicios públicos como seguridad pública y recolección de basura
  • Congestión de buques con gasolina esperando descargar frente a las costas del país.


Con forme pasen los días, los costos irán aumentando y aun que el Presidente de la República, principal vocero del gobierno, ha pedido paciencia y comprensión, el nerviosismo social incrementa. En gran medida, porque quedan muchas preguntas al aire: ¿cuánto tiempo más durarán estas acciones?; ¿serán sostenibles en el tiempo?; cinco personas detenidas son pocas para un problema tan complejo y grave, ¿habrá más?; ¿hay acciones administrativas o penales proyectadas para las gasolineras que se ha detectado venden combustible robado?; ¿se esperan represalias por parte de los grupos del crimen organizado por las perdidas que han tenido?; ¿la movilización de 4,000 soldados, marinos y policías federales qué huecos abre en la seguridad de otros estados y cómo se les está haciendo frente?


En resumen. Es positivo que el Gobierno Federal haya tomado la decisión de enfrentar el robo de gasolinas, no obstante desde un análisis costo beneficio, pareciera que una respuesta tan simple es muy ineficiente dada la complejidad del fenómeno, los costos económicos cuantificables y no cuantificables que ha generado para el sector empresarial y para la ciudadanía.


Además, sería conveniente fortalecer la estrategia de comunicación social para comunicar con claridad qué otras acciones son esperables en el corto, mediano y largo plazo, así como sus implicaciones. Solo así, empresarios y sociedad podrán tomar previsiones para un elemento nodal de la cadena productiva y social. La distribución y comercialización de gasolina.


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